"Son recursos genuinos e indispensables para obras en las zonas más postergadas de la provincia", aseguró Lucila De Ponti, autora del proyecto.
La diputada nacional Lucila De Ponti presentó un proyecto para derogar el decreto que elimina de forma unilateral el Fondo Federal Solidario (FFS) por el cual se transfería el 30% de los derechos de exportación obtenidos de la soja a las provincias y la ciudad de Buenos Aires con la finalidad de que sean materializados en obra pública.
El proyecto impulsado desde el interbloque Movimiento Evita/Libres del Sur —que lleva también las firmas de Leonardo Grosso, Victoria Donda, Araceli Ferreyra y Silvia Horne— destaca entre sus fundamentos "el fuerte impacto negativo que genera en el desarrollo y financiación de obras de infraestructura fundamentales, poniendo en riesgo su realización".
"Nuestro planteo es que el ajuste que pide el gobierno nacional para cumplir con las exigencias del FMI no se realice a costa de perjudicar a los municipios y gobiernos locales, para los cuales este fondo es una fuente clave de financiación para realizar obras de infraestructura fundamentales", expresó de Ponti.
Para la legisladora santafesina, "el llamado fondo sojero constituye el principal aporte para llevar adelante caminos, escuelas, hospitales y viviendas en todo el país de una forma federal y su eliminación es una pérdida de recursos indispensables, sobre todo en muchas zonas postergadas".
"En el caso de Santa Fe significaría dejar de percibir más de 2.400 millones de pesos por año, de los cuales un porcentaje mayor al 60% se destina a obras entre los 48 municipios y 312 comunas excluyendo a las ciudades de Rosario y Santa Fe. Todo eso corre riesgo de quedar paralizado y es algo que no podemos permitir", finalizó.
En la misma línea, el diputado nacional por el justicialismo Andrés Zottos presentó hoy un proyecto de resolución para que la Cámara baja exprese su rechazo a la eliminación del Fondo.
La iniciativa busca expresar el "más enérgico rechazo" al decreto de necesidad y urgencia. Zottos interpretó que la decisión del Poder Ejecutivo "afecta derechos adquiridos de las provinciales y municipales sobre los recursos asignados, claramente violatorio de de la Constitución Nacional".
El diputado salteño dijo a modo de ejemplo que en 2017 su provincia recibió 702 millones de pesos y para este año se estimaba un total de aproximadamente 960 millones que ahora generan incertidumbre tanto a nivel provincial como municipal.
"Nuevamente el gobierno nacional carga sobre las provincias el peso de la crisis económica que atraviesa nuestro país, soslayando sus nefastas consecuencias para el interior del país", dijo el diputado en su presentación.
La Capital (Rosario)